Lugar de condena: Texas.
Delito: Homicidio.
Tiempo Servido: 25 años en prisión.
Liberado: Octubre del 2011.
Houston, Texas. Trozos no digeridos de hongos y tomates de la última comida de Christine Morton –una cena de cumpleaños que tuvo con su esposo– seguían en su estómago cuando el médico forense le practicó la autopsia en 1986.
Tales restos, según indicó la parte acusadora al jurado durante el juicio de Michael Morton, “demostraron científicamente” que Morton había asesinado a su mujer a golpes.
Veinticinco años más tarde, la ciencia del ADN reveló que alguien más había matado a Morton y que la condena por asesinato contra su esposo y las más de dos décadas que pasó en la cárcel no fueron más que un error trágico. Su exoneración con base en evidencia de ADN fue la número 45 en el estado de Texas.
Antes de que desestimara los cargos erróneos contra Morton la semana pasada, el juez Sid Harle enumeró los errores que el caso expuso en el sistema judicial de Texas. Entre ellos: el uso de la llamada ciencia basura en las salas de justicia.
“Los tribunales y los jueces deben tener mucho cuidado con el papel que desempeñan como guardianes con respecto a la aceptación de la ciencia”, comentó Harle. “Este caso ilustra lo mejor y lo peor que puede pasar”.
Pese a los avances científicos como las pruebas de ADN, el uso de técnicas científicas poco confiables en el sistema de justicia penal persiste. Pese a que algunos jueces indican que tratan de encargarse de que únicamente se presente evidencia científica confiable a los jurados, defensores de la justicia penal comentan que es necesario hacer más para eliminar de raíz una serie de prácticas pseudocientíficas que pueden tener consecuencias de vida o muerte.
“Lo que es visto como ciencia en los tribunales no siempre es eso”, comentó Kathryn Kase, directora ejecutiva interina del Texas Defender Service, el cual representa a reos del pabellón de la muerte.
No es el único
En semanas recientes, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas aceptó revisar una serie de casos en los que también podría ser necesario abordar los tipos de evidencia que cumplen con estándares científicos.
En noviembre, el más alto tribunal del estado aceptó revisar el caso de Megan Winfrey, quien está cumpliendo una cadena perpetua por asesinato.
La mujer fue hallada culpable en gran medida por el testimonio de un agente del Sheriff que indicó que sus sabuesos “alertaron” sobre su olor en la ropa de la víctima de homicidio.
Anteriormente el tribunal había dictaminado que tal tipo de evidencia, utilizada para hallar culpable al caso de Winfrey por el mismo homicidio, fue insuficiente sin evidencia corroborable. El tribunal absolvió a su padre tras una apelación.
Este mes, el tribunal también aceptó revisar los casos de dos hombres que serían ejecutados.
Los dos, hallados culpables de homicidio, fueron sentenciados a muerte luego de que un psicólogo, testigo experto en varios casos de pena de muerte, dijera a miembros del jurado que sus facultades mentales eran suficientes para ser ejecutados.
Abogados de los hombres –Steven Butler y John Matamoros– sostienen que los dos presentan problemas mentales y que por lo tanto no podrían recibir la pena de muerte. En abril, un organismo que regula el desempeño de los psicólogos reprendió al doctor, George Denkowski, quien aceptó no volver a realizar tal tipo de evaluaciones en casos penales.
Pese a que Kase comentó que la buena disposición del tribunal a revisar los casos es algo esperanzador, ella y otros defensores de la justicia penal comentaron que otros cambios relativamente sencillos podrían ayudar a prevenir el uso de tal evidencia.
Los jueces, quienes a fin de cuentas deciden qué está permitido en los tribunales, deben aprobar los recursos suficientes para que los acusados indigentes puedan contratar a expertos que refuten a los expertos científicos presentados por la parte acusadora durante juicios, añadió. La contratación de expertos puede costar miles de dólares, y Patrick McCann, abogado defensor de Houston, comentó que a los jueces les preocupa que los votantes no vean tales gastos con buenos ojos.
“Actúan como si los fondos para que cada acusado tenga un proceso justo salieran de los bolsillos de sus hijos”, comentó McCann.
En años recientes, Jeff Blackburn, abogado principal del Innocence Project of Texas, ha ejercido presión para que se prohíba toda evidencia que no se apegue a los estándares científicos nacionales. Blackburn volverá a intentarlo en 2013 cuando los legisladores vuelvan a convocarse.
“Son problemas que pueden resolverse con cierta facilidad”, comentó.
El senador Rodney Ellis, demócrata por Houston, comentó que otra solución clave ya existe: la Comisión de Ciencia Forense de Texas. Por más de dos años, la comisión se vio envuelta en una controversia política nacional con respecto a su investigación sobre la ciencia utilizada para hallar culpable y ejecutar a Cameron Todd Willingham por un incendio que en 1991 cobró la vida de sus tres hijas.
El caso fue resuelto este año con un plan para revisar otros casos de incendio intencional a fin de averiguar si evidencia semejante condujo a condenas cuestionables. Ahora Ellis espera que la comisión aborde otras cuestiones sobre la ciencia utilizada en los tribunales.
“Para tener un sistema de justicia que condene a los culpables y proteja a los inocentes, necesitamos evidencia científica basada en una ciencia verdadera”, comentó Ellis, “y no a alguien que diga que tiene unos perros mágicos capaces de resolver delitos”.
Foto: Jay Janner/AMERICAN-STATESMAN.
Por Brandi Grison | The Texas Tribune – 24 de Diciembre de 2011.