Un médico que ejercía en Los Angeles estuvo cerca de 12 meses en prisión preventiva. La fiscalía le imputaba el cargo de homicidio. Sin embargo, en el juicio se estableció que la víctima consumió drogas junto con los remedios que el profesional le recetaba, lo que le provocó la muerte. El doctor fue absuelto.
Se trata de uno de los 322 casos de imputados que estuvieron en prisión preventiva, entre mayo y agosto de este año, pero que luego de concluida la investigación en su contra, se determinó que eran inocentes.
La cifra, contenida en un informe cuatrimestral de la Defensoría Penal Pública, corresponde al 19,3% del total de absueltos por los tribunales en dicho período.
La estadística toma relevancia en medio de los cuestionamientos del Poder Ejecutivo al Ministerio Público y el Poder Judicial, por los criterios de persecución penal y las decisiones de este último al momento de solicitar o decidir sobre el encarcelamiento cautelar de los detenidos.
El debate se inició en octubre pasado, cuando el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, criticó a los magistrados, al revelarse que un bajo número de violentistas detenidos en las marchas estudiantiles permanecía en la cárcel mientras se decidía su culpabilidad.
A ello se sumaron los dichos del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, quien cuestionó duramente la decisión de un fiscal de dejar libre a dos involucrados en un caso de homicidio, en Quilicura. A esto se sumó el caso de una mujer detenida con 800 gramos de cocaína en su poder, sobre la cual la fiscalía no solicitó su detención.
El mismo informe, pero de 2010, reveló que 365 personas que estuvieron presas eran inocentes. Ello equivalía al 22,3% del total de absueltos.
Según el defensor nacional, Georgy Schubert,»es posible que en un sistema de justicia se llegue a estos números, pero ese 20% nos parece elevado, sobre todo, porque la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares».
Agrega que la pregunta que cabe hacerse es cuántas personas que son inocentes permanecen en prisión. «En Chile no tenemos suficiente conciencia sobre este problema», dijo.
Javiera Blanco, directora de Paz Ciudadana, sostiene que «el análisis que se debe hacer es respecto del perfil de la persona que llega a la cárcel, y ahí destaca el problema en el flujo de información que llega a los jueces para determinar esa medida cautelar».
Blanco añadió que «se debe considerar, además, que siete de cada 10 presos que pasan por prisión preventiva no reciben, finalmente, pena de encierro, y que la gente que pasa períodos breves de cárcel presenta los mayores niveles de reincidencia».
Entretanto, Fernando Martínez, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC), estimó que «hay una tendencia en Chile al uso de la prisión preventiva, y el discurso político va en ese sentido».
Por Jorge Ramírez C., Santiago – 15 de Diciembre de 2011.
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